Artículo 5 Vs justicia.

En otras oportunidades he abordado el tema del Estado de Derecho en Cuba, y he demostrado bajo el prisma de las leyes, en especial de la Constitución cubana, que lejos de imperar un Estado de Derecho, más bien lo que existe es un Estado que asesina los derechos.

El factor principal que determina este estado de cosas en Cuba lo es sin duda alguna, la subordinación del Poder Judicial tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo.

Solo basta pasar la vista por tres preceptos constitucionales para darnos cuenta de ello.

Art. 69: ¨La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano superior del poder del Estado…¨

Art. 70: “La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República”.

Art. 121: ¨ Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.¨

Bueno, para qué seguir. Es verdaderamente bochornoso.

Hay una circunstancia que aunque no tiene aparentemente nada que ver con la justicia, el gobierno cubano la utiliza como arma letal para pisotearla. Lo vemos reflejado en la letra del artículo 5 de nuestra Ley de Leyes, que asegura que el Partido Comunista de Cuba es “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

Si tenemos en cuenta que casi en su totalidad los jueces militan en éste Partido, el único existente, y que éste, como bien lo expresa el artículo 5, representa la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, pues no deben sorprendernos cosas como éstas.

En el año 2008 un ciudadano cubano penetró en la embajada de República Dominicana en Cuba, en protesta contra la imposibilidad de los cubanos en ese entonces de poder salir de su país libremente, violándose así un derecho humano fundamental.

En las actuaciones de los instructores policiales inexpertos y corruptos que existen en Cuba, y los militantes del Partido Comunista, se le reconocieron agravantes indebidas, siendo las conclusiones provisionales del fiscal actuante, también militante del Partido Comunista, imponerle una sanción de privación de libertad de tres años y medio.

Durante la vista del juicio oral, quedó demostrado que las agravantes apreciadas por el instructor no se aceptaron, y sí algunas atenuantes presentadas por la defensa, por lo que la lógica y el sentido común más elemental indica que las conclusiones provisionales del fiscal debían ser modificadas, al menos en la reducción de la pena solicitada.

Pues bien, cuando el presidente del tribunal interpeló al fiscal militante para que expresara si mantenía sus conclusiones provisionales, o sea, la imposición de la pena de tres años de privación de libertad al acusado, el mismo contestó: “Mantengo las conclusiones provisionales, pues la política del Gobierno y del Partido en estos casos debe ser implacable, bla, bla, bla…”

Y el acusado, que era yo, se preguntó: ¿Y qué pintan las leyes y los tribunales?

nelsonchartrand@gmail.com

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