Prueba judicial.

Si hay algo en nuestro sistema legal que vulnera cada vez más el acceso del pueblo cubano a la justicia lo es, sin lugar a dudas, la manipulación de las pruebas judiciales por parte de los funcionarios del gobierno a todos los niveles, lo que coloca a los ciudadanos en un estado total de indefensión a la hora de defender sus derechos y denunciar las arbitrariedades y abusos perpetrados a diario por las autoridades públicas.

La prueba judicial viene siendo por una parte la brújula que orienta a los tribunales de justicia hacia dónde dirigir sus fallos, y por la otra, constituyen las evidencias de que las partes en conflicto se valen para sustentar sus pretensiones, o sea, el principio y el fin de toda solución de conflictos; sin ellas, nada puede hacer la justicia.

Pero cuando se trata de la denuncia de un abuso de poder o arbitrariedad de algún funcionario público, en especial de la Policía, la Fiscalía o Seguridad del Estado, las pruebas de los ciudadanos se desvanecen, y hasta los prestigiosos galenos cubanos traicionan su juramento hipocrático.

Cuántos cubanos han sido víctimas de atroces agresiones físicas que les han ocasionado graves lesiones, incluso hasta la muerte, y estos funcionarios del diablo han salido ilesos de la justicia, entre otras cosas, por la manipulación de las pruebas de las víctimas, en complicidad con los médicos.

Cuando se trata de agresiones de los ya mencionados funcionarios, los certificados de los exámenes médicos, nunca son entregados a las víctimas, por lo que estas nada pueden hacer a favor de sus defensa ante los tribunales de justicia, si así podría llamársele a los tribunales cubanos.

¿Cuántos periodistas independientes cubanos han sufrido esta realidad?

Me viene a la mente en estos momentos un caso que muy bien serviría para ilustrar este comentario.

Adalio Alfonso Gómez solicitó mi asesoramiento para realizar una denuncia por el asesinato de su hermano Osmany Alfonso Gómez, que en el momento de su fallecimiento se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Valle Grande.
Su pretensión estaba basada en que su hermano padecía de una hipertensión arterial severa y que falleció por la falta de atención médica, al no habérsele suministrado los medicamentos prescritos por el médico.

Al realizársele la autopsia, la misma arrojó que no había indicios de que a su fallecido hermano le hubiesen suministrado medicamento alguno. En breve recogería el certificado correspondiente, lo cual constituía la única prueba con que contaba para demostrar la negligencia de los funcionarios del Ministerio del Interior que debían velar por el suministro de los medicamentos a su hermano, en especial, la fiscal teniente Rosemarys Fonseca Quesada.

Después de darles las instrucciones pertinentes, le solicité el certificado correspondiente para comenzar mis actuaciones. Pues bien, el certificado jamás le fue entregado, y con ello la muerte de su hermano quedó sin culpables, simplemente por no existir una prueba incriminatoria.

No se puede jamás hablar de justicia cuando esta se encuentra encadenada por el Estado.

nelsonchartrand@gmail.com

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Abogado y miembro del Club Anarcocapitalista de Cuba (CAC)

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