Lucrar con el derecho ajeno.

En una sociedad sin opciones, como lo es la cubana, la falta de libertades, el descontrol planificado, la injusticia, la ineficiencia y la corrupción, pasan a ser sus protagonistas principales. El sistema de justicia no escapa de ellos.

Una de las propuestas más lucrativas para los abogados defensores penalistas, en complicidad con los tribunales, fiscales e instructores policiales, es la interpretación y aplicación del Capítulo II del Título IV de la Ley Procesal Penal, el cual regula el aseguramiento del imputado.

Constituye precisamente este, el objeto de mi comentario, en particular, la medida cautelar de prisión preventiva.

Ante todo, entiéndase por aseguramiento del imputado, la medida cautelar que se le aplica a un detenido presunto de haber cometido un delito.

Entre estas medidas se encuentran, según el artículo 255 de la Ley Procesal, la fianza en efectivo, la fianza moral, la obligación contraída en acta de presentarse periódicamente ante la autoridad que se señale, y la prisión preventiva.

Pues bien, para adentrarnos en el asunto que nos ocupa, o sea, la aplicación de la prisión preventiva, o provisional, como también suele llamársele, el artículo 252 de la ya mencionada Ley Procesal establece que procede la prisión provisional siempre que conste en las actuaciones policiales la existencia de un hecho que revista caracteres de delito, y que aparezcan además motivos bastantes para suponer responsable penalmente de delito al acusado.

Pero presten atención a esto: el artículo 253 del propio cuerpo legal nos dice que no obstante lo dispuesto en el artículo 252, puede decretarse cualquier otra de las medidas cautelares de apreciarse en la persona del acusado buenos antecedentes personales y de conducta, y siempre que el delito que se le imputa no haya producido alarma, no sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio de la respectiva provincia o municipio, o cuando no existan elementos suficientes para estimar fundadamente que el acusado tratará de evadir la acción de la justicia.

El artículo 258 excluye del beneficio de gozar de libertad provisional solamente a los acusados de delitos contra la seguridad del Estado y a los de delitos para los cuales la ley establece sanción de muerte o la máxima de privación de libertad.

Como vemos, el tratamiento del aseguramiento en nuestra Ley Pocesal Penal, reflejo fiel de nuestro ordenamiento jurídico en general, es ambiguo, no es claro, pues se encuentra impregnado de apreciaciones subjetivas que abren el camino a las más diversas interpretaciones, lo cual crea las condiciones idóneas, unido a la degeneración social de la sociedad cubana, para que se instaure la corrupción y la injusticia a costa del sufrimiento del pueblo.

Así pues, tenemos que por una parte procede la prisión provisional siempre que consten en las actuaciones la existencia de un hecho que revista caracteres de delito y que aparezcan motivos bastantes para suponer responsable penalmente de delito al acusado, y por la otra, que aun concurriendo dichas circunstancias, pudiera no decretarse, de apreciarse en la persona del acusado buenos antecedentes personales y de conducta, y para finalmente culminar expresándose en el artículo 258 que solamente están excluidos de gozar de la libertad provisional los acusados de delitos contra la seguridad del Estado y de delitos para los cuales la ley establece sanción de muerte o la máxima de privación de libertad.

Como podemos apreciar, están creadas las condiciones para que abogados, jueces, fiscales e instructores policiales inescrupulosos, lucren con los sentimientos y el sufrimiento del pueblo.

Cubanas y cubanos de buenas costumbres y ejemplar conducta social, sin haber convincentes evidencias de que hayan cometido delito. e incluso sin haberlos cometido, se encuentran recluidos en las cárceles cumpliendo prisión preventiva en espera de juicio, que en la gran mayoría de los casos demoran en celebrarse hasta más de un año. Durante ese tiempo tienen que convivir con delincuentes reincidentes y hasta con criminales connotados

Cuando el abogado que los representa ofrece la posibilidad de un cambio de medidas para que puedan esperar el juicio en sus hogares, cambio de medida que les pertenece, no solo por derecho, sino también por una cuestión elemental de justicia, lo hacen a cambio de grandes sumas de dinero.

Así de sencillo: si el recluso puede dar a ese abogado que lo representa, 200, 300 y hasta 400 CUC, el cambio de medida está seguro, pero si no tiene esa cantidad de dinero, como es lo más común, la denegación por parte del fiscal actuante también es cosa segura.

Sí, amigo lector, eso es lucrar con el derecho de los ciudadanos.

Y así las cosas, esta es una triste realidad que agobia la vida de los cubanos, un ejemplo más que pone al descubierto la esencia dantesca y sucia de la sociedad cubana, y de muchos que viven de las leyes, jugando con el dolor ajeno.

Nelson Rodríguez Chartrand
nelsonchartrand@gmail.com

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