Hay tres principios de Derecho Penal que ningún sistema jurídico que respete los derechos humanos puede violar; a saber:

– La presunción de inocencia.

– In dubio pro reo.

– Nulla  poena sine culpa.

Según estas máximas jurídicas, en primer lugar, todo acusado de la comisión de un delito debe presumirse inocente hasta que no se pruebe lo contrario; en segundo lugar, y estrechamente relacionado con lo anterior,  en caso de duda por insuficiencia probatoria, se favorecerá siempre al inculpado, y en tercer lugar, ninguna persona puede ser condenada por un delito si no ha existido dolo (voluntad transgresora), o al menos, culpa, (negligencia) en la acción antijurídica que causó un daño.

Pues bien, en el sistema jurídico cubano estos principios son violados y manipulados constantemente por funcionarios del orden público y los tribunales.

Tenemos, por ejemplo, el ya varias veces analizado Título XI del Código Penal cubano, que regula el Estado Peligroso y las Medidas de Seguridad. En virtud del precitado título, puede ser sancionada cualquier persona por el solo hecho de que se presuma que en un futuro pudiera cometer un delito. De esta manera, los tres principios antes señalados quedan arbitrariamente violados, al ser condenadas personas sin haber cometido delitos.

También se violan dichos principios en la imputación de los delitos de atentado, resistencia y desacato, previstos en los artículos 142, 143, y 144, respectivamente del ya citado código, en los cuales, ya es regla general que muchos de los  acusados por estos delitos, son sancionados por los tribunales, teniendo estos, como única prueba, la palabra o declaración de las autoridades o funcionarios públicos, cuando en realidad, en la mayoría de los casos, son los inculpados los que han sido agredidos salvajemente, intimidados, amenazados, calumniados y difamados por aquellos, violándose también impunemente, los tres principios que jamás deberían ser violados donde se respeten los derechos humanos.