¿Hay seguridad jurídica en Cuba?

Si hay algo que deben aprender definitivamente los pueblos, es que el Estado es su principal enemigo, causante de todos sus males.

No por gusto el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, en su estudio sobre la motivación humana, colocó a la seguridad en el segundo nivel de las necesidades básicas de los individuos.

La seguridad podemos definirla como la ausencia de riesgo de cualquier índole, así como la confianza que se tenga en algo o en alguien que proporciona certeza de satisfacción de una necesidad primaria.

Aunque Maslow se refirió en su estudio a las necesidades básicas desde el punto de vista fisiológico del ser humano, la seguridad jurídica constituye también una necesidad fundamental, entendiéndose ésta como la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados, y que en el caso de que lo fueran, le serian asegurado la reparación de los mismos.

Ahora bien, ¿tiene el pueblo cubano plena seguridad jurídica?

Más allá de terceras interpretaciones, especulaciones y criterios personales, hay una realidad que nadie puede cuestionar: el sistema de justicia cubano, por su propia naturaleza y estructura, no puede jamás garantizar la seguridad jurídica de sus ciudadanos, toda vez, que el mismo, se encuentra supeditado precisamente a los intereses de quienes crean, fiscalizan y ejecutan las leyes.

Para que exista seguridad jurídica tiene que existir indefectiblemente un verdadero órgano de justicia independiente, fuera de toda influencia del Estado, y resguardado de la acción demoledora de la maquinaria estatal, que no hace otra cosa que atraer desesperadamente bajo su control, todo lo que sea necesario para alimentar su único ego, el poder y la sumisión absoluta de todos sus ciudadanos.

Demostrar esta realidad resulta realmente fácil, sólo basta pasar la vista a 8 preceptos constitucionales, a saber: los artículos 70; 74; 78; 89; 120; 121; 127 y 128.

De forma general, estos preceptos estipulan que la Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente, o sea, creador de las leyes, y que elige de entre sus miembros al Consejo de Estado, siendo su presidente el jefe de Estado y de Gobierno. Estipulan además que la Asamblea Nacional es representada por el Consejo de Estado entre uno y otro periodo de sesiones y que la función de impartir justicia corresponde al Tribunal Supremo, el cual se subordina jerárquicamente a la Asamblea Nacional, o sea, al órgano constituyente, y por último, que la Fiscalía General de la República es el órgano del estado que vela por el control y cumplimiento de las leyes y que se subordina, al igual que los tribunales, a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado, que de hecho es la misma cosa y que además, y para que no quede dudas, el Fiscal General de la República, recibe instrucciones directas del Consejo de Estado.

Vemos como utilizando la técnica de dispersión de su articulado, en la Constitución cubana queda claramente demostrado que tanto la función legislativa como la ejecutiva y la judicial, están subordinadas en última instancia al Consejo de Estado.

Quiere esto decir que los tribunales populares, órganos encargados de impartir justicia, se encuentran bajo el poder y la influencia directa y omnipotente de la élite gobernante, representada, en este caso, por el Presidente del Consejo de Estado y su camarilla.

Pero hay algo más: el artículo 5 de la propia Constitución establece que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos hacia los fines de la construcción del socialismo y el comunismo.

Y, ¿saben quién es el Secretario General del Partido? Pues el Jefe de Estado y de Gobierno.

¿Creen ustedes, amigos lectores, que el pueblo cubano pueda contar con plena seguridad jurídica, cuando los tribunales de justicia se encuentran supeditados a los designios del gran emperador y que de seguro sus jueces, militan además en las filas del Partido Comunista, lo que los hace aun más dependientes a la hora de cumplir con sus funciones?

¡No hay respuesta más evidente! 

nelsonchartrand@gmail.com

Este articulo fue publicado antes en http://www.primaveradigital.org/primavera/cuba-sociedad/la-consulta/10888-ihay-seguridad-juridica-en-cuba.html

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